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Proyecto y licencia de demolición: del control previo a la gestión de residuos
Existe la idea persistente de que demoler es lo contrario de construir — y, por tanto, más sencillo. La realidad jurídica y técnica es otra: una demolición moviliza, al mismo tiempo, el régimen de licencias urbanísticas, el régimen de seguridad en las obras de construcción, la legislación de residuos y, en los edificios más antiguos, el régimen del amianto, que fue profundamente modificado en 2026. Un error en cualquiera de estos frentes se traduce en paralizaciones de obra, sanciones administrativas o, peor aún, en daños a personas y a edificios colindantes.
En CertiAmb, el proyecto de demolición se trata con el mismo rigor que cualquier otra pieza del expediente, en coordinación con los proyectos de especialidades de ingeniería y con la tramitación de la licencia de la operación urbanística. La demolición solo exige control previo en determinados casos, el proyecto tiene un contenido obligatorio definido, y el análisis debe considerar los cambios de 2026 en el RJUE, el régimen del amianto y la gestión de residuos.
Cuándo exige licencia la demolición
La norma de referencia es el Régimen Jurídico de la Urbanización y la Edificación (RJUE, Decreto-Lei n.º 555/99, en su redacción actual). En la redacción aplicable tras la reforma de 2026, el artículo 4.º, apartado 2, f), somete a licencia administrativa la demolición no integrada en obras de reconstrucción, sin perjuicio de las exenciones legales. La integración en una reconstrucción exige comprobar el régimen de esa operación; no significa que siempre exista una licencia de reconstrucción. En zonas cubiertas por un plan de detalle, una unidad de ejecución o una operación de parcelación que fijen los parámetros del artículo 4.º, apartado 4, d), la demolición se tramita por comunicación previa.
Las exenciones no se limitan a las pequeñas construcciones. El artículo 6.º incluye, entre otros supuestos, las obras de escasa relevancia urbanística, las operaciones precedidas de información previa favorable con todos los elementos aplicables del artículo 14.º, apartado 2, y la demolición de edificaciones ilegales. Deben comprobarse las condiciones de cada exención, la protección patrimonial y la legislación especial. El Decreto-Lei n.º 108/2026, con entrada en vigor general el 1 de octubre de 2026 por el Decreto-Lei n.º 155-B/2026, se aplica a los procedimientos nuevos y a los anteriores aún en fase de revisión preliminar, conforme a su artículo 12.º.
En inmuebles clasificados o en vías de clasificación, en sus zonas de protección y por los planes territoriales aplicables, la demolición puede quedar condicionada o denegada. La Portaria n.º 320/2026/1, anexo V, parte VI, puntos 28 a 30, distingue los documentos de información previa, licencia y comunicación previa de demolición. Incluyen el estado de conservación, el uso futuro del terreno, el PPGRCD y los proyectos técnicos necesarios. El marco general se describe en Cómo funciona la licencia de obras en Portugal.
El proyecto de demolición: documentos, método y secuencia
La demolición segura se prepara sobre el papel. El método y la secuencia deben adaptarse al edificio y a los riesgos identificados. Entre los elementos que deben desarrollarse figuran:
- una memoria descriptiva y justificativa, con el levantamiento del edificio existente (arquitectónico, estructural y fotográfico);
- la definición del método de demolición (manual, mecánico o mixto) y de su secuencia, por regla general de arriba abajo y elemento a elemento;
- un plan de apeos y contenciones — incluida la contención de las medianeras y de las fachadas que deban conservarse;
- la desconexión previa de las redes de agua, saneamiento, gas, electricidad y telecomunicaciones, coordinada con las entidades gestoras;
- medidas de protección de las personas, de la vía pública y de los edificios colindantes (vallados, viseras de protección, redes, contención del polvo);
- una estimación y una estrategia de gestión de los residuos de construcción y demolición.
El proyecto lo firma un técnico habilitado, con el correspondiente término de responsabilidad técnica, y debe compatibilizarse con la evaluación de estabilidad — sobre todo cuando existen edificios colindantes entre medianeras, sótanos o estructuras compartidas. Es precisamente aquí donde la lectura estructural del edificio, hecha por quien domina el proyecto de estructuras, evita colapsos no controlados.
Seguridad en obra: el Decreto-Lei n.º 273/2003
La seguridad en obra se rige por el Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. Establece, en particular:
- el plan de seguridad y salud (PSS), obligatorio en obras sujetas a proyecto que impliquen los riesgos especiales del artículo 7.º o requieran comunicación previa de apertura de obra; su desarrollo para la ejecución es validado técnicamente por el coordinador de seguridad en obra y aprobado por el promotor;
- coordinador de seguridad en proyecto en los supuestos del artículo 9.º, apartado 1, incluida la intervención prevista de dos o más empresas; coordinador en obra cuando intervengan dos o más empresas, incluidos los subcontratistas;
- la comunicación previa de la apertura del centro de trabajo a la ACT (la autoridad laboral) cuando se prevea que la obra dure más de 30 días con más de 20 trabajadores simultáneos, o suponga más de 500 jornadas de trabajo;
- fichas de procedimientos de seguridad para los trabajos con riesgos especiales, cuando no se exija PSS;
- la compilación técnica de la obra, entregada al promotor al final.
En una demolición, el PSS no es un documento burocrático: es el instrumento que fija la secuencia de desmontaje, las zonas de exclusión y los medios de emergencia. Su aplicación en obra forma parte natural de los servicios de supervisión y gestión de obra.
Amianto: identificación obligatoria y nuevas reglas desde junio de 2026
Los materiales existentes deben identificarse antes de los trabajos, especialmente en construcciones anteriores a la prohibición de comercialización y uso del amianto. La protección de los trabajadores se rige por el Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de julio, modificado por el Decreto-Lei n.º 109/2026, de 29 de maio, en vigor desde el 1 de junio de 2026. Los cambios que afectan a la demolición incluyen:
- identificación de los materiales que presumiblemente contengan amianto antes del inicio de los trabajos (artículo 10.º-A), bajo responsabilidad del empleador o del promotor en los casos previstos; cuando no exista información disponible, la detección corresponde a un operador cualificado y el análisis de materiales a un laboratorio acreditado por el IPAC;
- un valor límite de exposición profesional de 0,01 fibras/cm³;
- la prioridad de la retirada del amianto frente a otras formas de manipulación, siempre que sea probable el riesgo de exposición;
- plan de trabajo aprobado y autorización de las empresas conforme al artículo 24.º; la ACT debe publicar la lista de empresas autorizadas;
- formación técnica específica, con simulacros de escenarios complejos, para quienes ejecutan demolición o retirada de amianto;
- desde el 21 de diciembre de 2029, inclusión en la medición de las fibras de anchura inferior a 0,2 μm; el recuento se realiza mediante microscopía electrónica u otro método con resultados equivalentes o más exactos, conforme al artículo 8.º y al régimen transitorio del Decreto-Lei n.º 109/2026.
Los residuos con amianto son RCD peligrosos que requieren embalaje cerrado y etiquetado y destinos autorizados. La Portaria n.º 40/2014, de 17 de febrero, en vigor desde el 18 de febrero de 2014, regula su retirada y gestión. Sus artículos 7.º y 8.º fueron modificados por la Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, para prever el transporte con e-GAR; las antiguas guías en papel del texto original de 2014 no son la referencia actual.
Residuos de construcción y demolición: clasificación, e-GAR y objetivos
Los residuos de construcción y demolición (RCD) se rigen por el Régimen General de Gestión de Residuos (RGGR), aprobado en el anexo I del Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de diciembre. El Decreto-Lei n.º 205/2026, de 27 de octubre, quinta modificación del régimen, entró en vigor, con carácter general, el 1 de noviembre de 2026. Las principales obligaciones de gestión de RCD en una demolición incluyen:
- favorecer la demolición selectiva y separar los materiales reutilizables de los residuos; clasificar los RCD en obra o, cuando no sea posible, enviarlos a un operador de tratamiento;
- enviar los RCD a destinos autorizados y documentar el transporte mediante las guías electrónicas e-GAR, cuando sean exigibles;
- en los contratos y concesiones de obras públicas, acompañar el proyecto de ejecución del PPGRCD (Plan de Prevención y Gestión de RCD), conforme al artículo 55.º;
- en las obras privadas sujetas a licencia o comunicación previa, conservar el registro de RCD junto con el libro de obra electrónico y adjuntar las e-GAR concluidas, obligaciones ya previstas en el artículo 54.º;
- contribuir al objetivo del artículo 27.º, apartado 1, b): 70 % en peso de preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización material de RCD no peligrosos, excluidos los materiales naturales de la categoría 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER).
La auditoría de predemolición fue introducida por el Decreto-Lei n.º 24/2024, de 26 de marzo, con efectos desde el 27 de marzo de 2024, en el apartado 10 del artículo 49.º. El texto portugués dice: No caso de demolição ou renovação de edifícios ou infraestruturas de obras públicas, os produtores de RCD promovem uma auditoria de pré-demolição.
Desde el 1 de noviembre de 2026 figura en el apartado 11. Su lectura conjunta con el PPGRCD y la recepción conforme al Código de Contratos Públicos apunta al contexto de las obras públicas; es una interpretación del marco, no una extensión del texto a todas las obras. El artículo 50.º, apartado 2, y el artículo 55.º-A remiten expresamente a esa auditoría. Estas remisiones no exigen automáticamente la misma auditoría en cualquier renovación privada; las obligaciones del artículo 54.º y la identificación del amianto tienen fundamentos propios.
El artículo 49.º, apartado 5, remite los mecanismos de control de finalización y el plan de demolición selectiva a los reglamentos municipales de urbanización y edificación (RMUE), para las obras sujetas a control previo. Las pequeñas reparaciones y obras de bricolaje en viviendas realizadas por el propietario o arrendatario tienen el régimen municipal específico de los apartados 3 y 4, cuyas condiciones y tarifas deben confirmarse.
Reglas en vigor desde el 1 de noviembre de 2026
Auditoría e inventario. El artículo 49.º, apartado 12, remite la realización de la auditoría a una Nota Técnica aprobada por la Autoridad Nacional de Residuos (ANR). Según el artículo 50.º, apartado 2, el promotor designa un auditor o equipo con expertos cualificados, responsable de un inventario con identificación y cuantificación de materiales y elementos reutilizables y de los RCD, junto con un plan preliminar de destino. El contratista y el operador de tratamiento tienen responsabilidades propias y colaboran en la trazabilidad; el fabricante puede aportar información. El artículo 55.º-A exige un informe de identificación y evaluación de materiales con recomendaciones de destino y prevé la publicación por la ANR de un modelo de inventario. La recepción de las obras conforme al Código de Contratos Públicos debe tener en cuenta el informe.
Obras privadas. En el ámbito del artículo 54.º, el libro de obra debe detallar la metodología de deconstrucción selectiva, los materiales reutilizables, las cantidades estimadas de RCD y los destinos previstos, con especial atención al amianto. Deben anotarse las cantidades efectivamente clasificadas y enviadas a operadores autorizados. La utilización o el acta de recepción provisional dependen de una declaración de responsabilidad suscrita por el responsable de la obra, con las cantidades producidas, incluido el amianto, las cantidades clasificadas y los justificantes de entrega. La limpieza de la zona, la correcta gestión de los RCD y la reparación de posibles daños o deterioros, incluida la evaluación de una posible contaminación del suelo cuando existan indicios, condicionan también el uso del edificio o fracción, además de la recepción provisional (apartado 2).
PPGRCD de obras públicas. La estimación de RCD del artículo 55.º, apartado 2, f), debe basarse en la auditoría. El plan debe estar firmado por su autor e identificar las responsabilidades asociadas; las modificaciones durante la ejecución siguen el apartado 5, con justificación e intervención del promotor y del contratista o adjudicatario, según el caso.
Amianto y recogida municipal. El artículo 49.º, apartado 9, permite que el sistema municipal recoja y gestione los RCD con amianto de obras privadas exentas de licencia y no sujetas a comunicación previa, conforme a la orden ministerial citada en el apartado 8 y mediante una tarifa específica. La Portaria n.º 40/2014, en su redacción actual, debe leerse junto con esta norma. La posibilidad legal exige confirmar la disponibilidad del servicio, las condiciones de aceptación y la tarifa local aplicable.
Para una operación concreta, deben confirmarse la Nota Técnica del artículo 49.º, apartado 12, y el modelo de inventario del artículo 55.º-A, apartado 2, con la Autoridad Nacional de Residuos (ANR), función ejercida por la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA). En las páginas de RCD, reglas generales, modelos y CLOSER de la APA consultadas el 11 de noviembre de 2026, no fue posible identificar ambos instrumentos como aprobados al amparo de esas disposiciones. Este resultado de búsqueda no permite afirmar que no se hayan publicado ni elimina las obligaciones legales. Los modelos de PPGRCD y de registro de RCD cumplen funciones distintas.
El régimen de PPGRCD del artículo 55.º se refiere a contratos y concesiones de obras públicas. Junto a ese régimen, la Portaria n.º 320/2026/1 también incluye el PPGRCD entre los documentos de los procedimientos de demolición en los puntos 28 a 30 del anexo V. En una obra privada deben distinguirse el plan que acompaña al procedimiento urbanístico, los registros del artículo 54.º y la auditoría de los artículos 49.º, 50.º y 55.º-A.
Edificios colindantes, vía pública y ruido
La demolición puede generar responsabilidad civil por daños a edificios colindantes. En las excavaciones, el artículo 1348.º del Código Civil protege el apoyo de los predios vecinos y prevé indemnización por los daños incluso cuando se hayan tomado precauciones. Es buena práctica realizar inspecciones y registros fotográficos antes de los trabajos y, en casos sensibles, controlar fisuras y asientos. La ocupación de la vía pública exige comprobar el título municipal aplicable. Los artículos 14.º y 15.º del Reglamento General del Ruido (Decreto-Lei n.º 9/2007) prohíben las actividades ruidosas temporales cerca de viviendas los sábados, domingos y festivos y los días laborables de 20 h a 8 h; la licencia especial de ruido exige una situación excepcional y debidamente justificada. Las escuelas en horario de funcionamiento y los hospitales tienen protección propia, y el artículo 17.º regula los trabajos urgentes.
Qué ha cambiado — y qué viene
- Amianto. El Decreto-Lei n.º 109/2026 está en vigor desde el 1 de junio de 2026. La medición debe incluir las fibras de anchura inferior a 0,2 μm desde el 21 de diciembre de 2029; la ley admite microscopía electrónica u otro método con resultados equivalentes o más exactos.
- Licencias. La revisión del RJUE por el Decreto-Lei n.º 108/2026 se aplica con carácter general desde el 1 de octubre de 2026, y la Portaria n.º 320/2026/1 fija ahora los documentos de los procedimientos de demolición, incluido el PPGRCD.
- Obras. El Decreto-Lei n.º 123/2025, de 21 de noviembre, regula el alojamiento temporal de trabajadores desplazados de la construcción y vincula su plan al PSS o a las fichas de procedimientos de seguridad. Para una obra concreta deben verificarse los requisitos y la reglamentación técnica aplicables.
- RCD: 1 de noviembre de 2026. El Decreto-Lei n.º 205/2026, de 27 de octubre refuerza la auditoría en el ámbito del artículo 49.º, apartado 11, el inventario y el informe, los registros y la declaración de responsabilidad del artículo 54.º y el PPGRCD de obras públicas. El artículo 117.º, apartado 2, nnn) y ppp), prevé infracciones administrativas ambientales graves por incumplir la obligación de suscribir la declaración en las obras privadas afectadas y por no realizar la auditoría o su informe en los casos aplicables. Las fechas especiales del artículo 7.º para los artículos 11.º, 114.º y 115.º no modifican la fecha general de estas reglas sobre RCD.
¿Demoler o rehabilitar?
La demolición no siempre es la respuesta correcta — ni siquiera es siempre autorizable. El valor patrimonial del edificio, su ubicación en un área de rehabilitación urbana, el estado real de la estructura, el carbono incorporado en los materiales y los incentivos existentes a la rehabilitación deben sopesarse antes de decidir. Una evaluación técnica previa, independiente y fundamentada, evita tanto demoliciones precipitadas como rehabilitaciones inviables. Es exactamente el tipo de decisión que se beneficia de un enfoque integrado de arquitectura, ingeniería y consultoría, puede conocer a nuestro equipo y nuestro método en la página Sobre CertiAmb.
Preguntas frecuentes
¿Necesito licencia para demoler un edificio en Portugal?
En principio, la demolición no integrada en obras de reconstrucción está sujeta a licencia por el artículo 4.º, apartado 2, f), del RJUE. En zonas cubiertas por un plan de detalle, una unidad de ejecución o una operación de parcelación que fijen los parámetros del artículo 4.º, apartado 4, d), la demolición se tramita por comunicación previa. Deben verificarse las exenciones de los artículos 6.º y 6.º-A, la protección patrimonial y la legislación especial; la integración en una reconstrucción exige analizar el régimen de esa operación.
¿Qué debe incluir un proyecto de demolición?
La preparación técnica debe cubrir el levantamiento del edificio existente, el método y la secuencia, los apeos y contenciones necesarios, la desconexión de redes y la protección de personas y edificios colindantes. La Portaria n.º 320/2026/1, anexo V, parte VI, fija los documentos de cada procedimiento de demolición, incluidos el PPGRCD y los proyectos técnicos necesarios.
¿Cómo sé si el edificio contiene amianto?
Antes de los trabajos deben identificarse los materiales que presumiblemente contengan amianto. Según el artículo 10.º-A del Decreto-Lei n.º 266/2007, añadido por el Decreto-Lei n.º 109/2026, cuando no exista información disponible, la detección corresponde a un operador cualificado; el análisis de materiales corresponde a un laboratorio acreditado por el IPAC.
¿Qué ocurre con los residuos de la demolición?
Los RCD se clasifican y se envían a destinos autorizados, con e-GAR cuando sean exigibles. Las obras privadas incluidas en el artículo 54.º requieren un registro y copias de las e-GAR concluidas; desde el 1 de noviembre de 2026, también anotaciones detalladas en el libro de obra y una declaración de responsabilidad con cantidades y justificantes de entrega, de la que dependen el uso o la recepción provisional. La auditoría del artículo 49.º existe desde el 27 de marzo de 2024 en el antiguo apartado 10, actual apartado 11. Deben distinguirse el marco de las obras públicas, las obligaciones privadas y el procedimiento urbanístico; estas reglas no exigen automáticamente una auditoría en cualquier renovación privada.
¿Pueden tramitarse la demolición y la nueva construcción en el mismo procedimiento?
La demolición integrada en obras de reconstrucción debe encuadrarse en el régimen de esa operación. La mera intención de construir un edificio nuevo en el solar no exime del licenciamiento de una demolición autónoma. Deben verificarse los artículos 4.º y 6.º del RJUE y el proyecto concreto.
Notas finales
Una demolición bien ejecutada es la que no sale en las noticias: sin incidentes, sin daños a los vecinos, sin multas y con residuos que generan valor en lugar de acumular pasivos. Eso se consigue con proyecto, licencia y ejecución coordinados desde el primer día — y con atención a las nuevas reglas de 2025 y 2026, del amianto a los residuos. Si tiene a la vista una demolición o una rehabilitación y quiere evaluar el camino correcto, hable con el equipo de CertiAmb.
Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico, fiscal o técnico. Cada situación debe ser evaluada individualmente por un profesional cualificado.



